ENTRE EL ACUERDO POR LA PAZ Y LAS ELECCIONES DE CONSEJEROS CONSTITUCIONALES. CIERRE DEL CICLO POLÍTICO 2011-2019.

 

Estas notas críticas o -como las llamó Yukio Mishima en su impresionante ensayo El sol y el acero- de “crítica confidencial”, no han podido sustraerse, por más que lo haya intentado, del análisis de coyuntura.

 Pero si he abordado la actualidad -de experiencias latinoamericanas de gobierno, de la relación entre política y Estado, de la plurinacionalidad y las políticas de la identidad, entre otras- no ha sido sino para dar cuenta de un periodo más amplio.   

 Me refiero no sólo al proceso que inició con el llamado “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, firmado en noviembre de 2019, hasta -al momento de escribir esta nota- las Elecciones de Consejeros Constitucionales en mayo de 2023, sino también al ciclo político 2011-2019, que inició con las movilizaciones estudiantiles y llegó a su acmé con el Estallido social. 

 Aquel ciclo político -que podría ser extendido a 2006 con la Revolución pingüina-, significó el reverdecer de las fuerzas utópicas de la sociedad, después de casi dos décadas de dictadura militar y tres décadas más de gobiernos neoliberales (de derecha, centro y de izquierda), que continuaron y perfeccionaron el modelo heredado del régimen constitucional de 1980.

 El largo periodo iniciado en los 90 y la “transición a la democracia”, de derrotas, fragmentaciones, sacrificios, cooptación, disputas internas y aprendizajes políticos, pareció llegar a su fin con la emergencia en 2017 del Frente Amplio, en tanto que alternativa política antineoliberal, que significó también una renovación generacional y nuevas lógicas de construcción.  

 A pesar de que encarnó igualmente una segmentación de la izquierda, puesto que varios grupos anticapitalistas no lo integraron debido a su composición multiclasista, hegemonizada por los hijos rebeldes de la burguesía, el Frente Amplio logró aglutinar movimientos socioambientales, feministas, populares, universitarios, de clases medias, centros de estudios, sindicatos y organizaciones territoriales (que habían sido protagonistas de movilizaciones sectoriales), logrando irrumpir tanto en la contienda electoral como en la ideológica, con un discurso enfocado en los derechos y la justicia social, la democratización y un nuevo modelo de desarrollo.    

 No obstante, a tan sólo dos meses de cumplir tres años de existencia, el Frente Amplio explosionó, a partir de la firma del “Acuerdo por la Paz”, al mes siguiente del Estallido social. Pero no sólo de éste, sino también del Congreso Estratégico que había sido llevado a cabo desde marzo de 2019 y que se cerró el domingo 6 de octubre. Ese Congreso había precisado la política frenteamplista, donde dos de sus definiciones fundamentales habían sido prescindir de acuerdos cupulares y fortalecer los territorios.

 Al día siguiente iniciaron las evasiones del Metro contra el alza del transporte público, que definía la consigna antineoliberal “no son 30 pesos, son 30 años”, inaugurando el Estallido social; ese mismo día uno de los líderes del Frente Amplio, Vlado Mirosevic, declaraba acerca del Congreso Estratégico: “Nosotros no somos partidarios de acuerdos cupulares con la oposición” (https://radio.uchile.cl/2019/10/07/sin-cupulas-y-en-los-territorios-como-se-definiran-los-candidatos-del-frente-amplio-para-las-municipales/).  

 Pero el 15 de noviembre un sector del Frente Amplio, liderado por el hoy presidente Boric, firmó el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”. Con dicho acuerdo cupular, entre el Frente Amplio, la Nueva Mayoría (continuidad de la Concertación), que era la oposición, y la Derecha, que era el oficialismo, la casta política logró contener el Estallido social, devolver la iniciativa a los partidos políticos y las distintas expresiones de las clases dominantes, salvar y estabilizar el Gobierno de Piñera, fracturar el Frente Amplio y reorientar la protesta popular hacia el escenario institucional.

 Ese fue el inició del fracaso del ciclo político 2011-2019, que, también, significó la continuación de las derrotas, fragmentaciones, sacrificios, cooptación y disputas internas de la alternativa al sistema.

 Luego vino la Pandemia, que puso a la sociedad en situación de catástrofe y de esfuerzo ingente, aunque exiguo, de autoprotección; a la empresa privada en su lugar de nulidad solidaria; y al Estado como la única institución, a nivel planetario, capaz de gestionar la crisis.

 Cuando (lo que quedó) del Frente Amplio logró ganar tanto en las elecciones municipales como en la Presidencial de 2021 -potenciado en parte por el Plebiscito de 2020 acerca del proceso constituyente para redactar una nueva Constitución-, aún permanecía cierta esperanza en una alternativa antineoliberal, tanto por el Programa de Gobierno, el proceso constituyente y la evidencia, debido a la Pandemia por Covid-19, de que el modelo no sólo estaba en crisis, sino que ponía en riesgo mortal a la naturaleza y a la sociedad.

 Pero tanto el fiasco de la Convención Constitucional, como el actuar del Gobierno y los partidos oficialistas, que llevaron al significativo triunfo del “Rechazo” (septiembre 2022) y luego al triunfo del ultraconservador Partido Republicano en las Elecciones de Consejeros Constitucionales (mayo 2023), pasando por el “Acuerdo por Chile” (diciembre 2022), que estableció la Comisión de Expertos designada por las cúpulas de los partidos políticos, que a su vez instituyó 12 pilares que tienen que estar presentes en el proyecto de la carta magna, han cerrado toda posibilidad de transformar el modelo neoliberal.

El plebiscito constitucional que se llevará a cabo en diciembre de 2023, donde la ciudadanía determinará si está o no de acuerdo con el texto de una nueva Constitución redactada por el Consejo Constitucional y la Comisión de Expertos, sólo tiene dos alternativas: o quedarse con la Constitución del 80 o crear una Constitución neoliberal actualizada (pues no puede desbordar los 12 pilares), es decir: restauración o aggiornamento.

 Como a lo largo de estas notas hemos tratado las razones del fracaso de la Convención Constitucional que dio el triunfo al “Rechazo” -que podemos sintetizar como la derrota de una política identitaria (feminista, plurinacional, culturalista y refundacional), que desbordó las expectativas societales y que se doblegó ante la manipulación mediática-, ahora nos enfocaremos en el actuar del Gobierno y de los partidos oficialistas, no sólo en su responsabilidad respecto al cierre y fracaso del ciclo político antineoliberal, sino también a la imposibilidad de reabrirlo por las próximas dos décadas.  

 Mucho se ha señalado respecto a las causas del fracaso de la Convención Constitucional, pero no se ha insistido lo suficiente respecto al rol del Gobierno y de los partidos de gobierno en la campaña por el “Apruebo”. En primer lugar, haber creído que en política son las ideas las determinantes, cuando lo cierto es que es la capacidad de una heterogénea movilización de recursos (incluidas huelgas, protestas, tomas, manifestaciones) la que va abriendo camino y legitimando las ideas. Por eso se trató de una campaña débil y errática, donde el Gobierno fue acusado de injerencia y los jefes de campaña de Apruebo Dignidad, Cariola por el PC y Mirosevic por el FA, no generaron ni empatía, menos pasiones, ni arengaron ni articularon a la ciudadanía. Pero esto podría pasar por una simple falta de experiencia o exceso de soberbia, si no fuera por la articulación de tres elementos determinantes, que también recaen en cuando al cierre del ciclo 2011-2019 y su sofocación por las próximas décadas: la abjuración de la protesta social, la obcecación por la gobernabilidad y la instrumentalización de los sectores populares.

 Otro ámbito, también compuesto por una cadena de determinaciones, es el concerniente al plano internacional, económico, geopolítico y socioambiental. Al respecto, no se ha innovado sustancialmente en relación a los gobiernos neoliberales. Lo verdaderamente relevante mantiene los mismos compromisos y obligaciones.  

 El autodenominado “Gobierno Ecológico” no sólo firmó, sino que promovió la aprobación en el Congreso del “Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico” (TPP-11), que pone en riesgo la soberanía nacional y abre las puertas a grandes monopolios y oligopolios multinacionales, perpetuando la condición primario-exportadora y extractivista del país.

 Este acto se quiso subsanar ridículamente con las mentadas “side letters”, que Canadá, por ejemplo, una de las principales potencias del norte en explotar la naturaleza de los países del sur, se negó a firmar.

 La firma del TPP-11 fue acompañada de actualizaciones de acuerdos comerciales con Canadá y España, que en realidad encubren intereses mayores, puesto que no son sino acuerdos con EEUU y la Unión Europea, respectivamente.

 A tal punto es así que, tras todo este proceso, durante el segundo semestre de 2022, la Casa Blanca actualizó las presiones sobre Chile respecto a limitar los acuerdos comerciales con China, cortar relaciones con Rusia, respaldar a Ucrania y apoyar la absurda orden de captura internacional a Vladimir Putin.

 Esto tiene un efecto directo en la política nacional del Litio, que se ha presentado como una “nacionalización”, cuando no es más que la continuación del modelo público-privado a través de Codelco de los gobiernos neoliberales.

 Cabe señalar que el día anterior de anunciar la “nacionalización de la industria del litio” por parte del Gobierno, la jefa del Comando Sur, generala Laura Richardson, llegó a Chile, en su recorrido por la región, hablando de “nuestros recursos naturales” y solicitando a los gobiernos mantener a China fuera de “nuestro vecindario”.

 Tras esto, la aprobación de la ampliación de la mina Los Bronces de Anglo American, por parte del Comité de Ministros (de Medio Ambiente, de Salud, de Economía, de Agricultura, de Energía y de Minería), no es sino una consecuencia lógica.  

 Para los movimientos socioambientales, el Gobierno ha claudicado respecto a la protección del medioambiente y ha renunciado a un proyecto alternativo, sostenible y sustentable de desarrollo. Pero la verdad es que no sólo ha hecho eso, sino que se ha alineado del lado norteamericano en el actual conflicto geopolítico mundial, que tiene como contrapartida a Rusia y a China.  

 La continuidad de la militarización del Wallmapu, a través de las múltiples ampliaciones de los “estados de excepción constitucional” en territorios mapuche, también debe ser entendida desde esta perspectiva internacional, económica, geopolítica y socioambiental.

 Por otro lado, el cierre del ciclo político 2011-2019 y la sofocación del movimiento popular para las próximas décadas, igualmente está signado por la promoción de parte del Gobierno de la promulgación de la Ley Naín-Retamal, también denominada Ley Gatillo Fácil. Con ella se confirma la agenda represiva del Estado.

 Sumándose al énfasis puesto por los medios de comunicación y la derecha en los problemas de delincuencia, el gobierno asumió una agenda de seguridad y, como no sucedía en décadas, otorgó prerrogativas y financiamiento a los aparatos represivos del Estado, que se han relegitimado, adquiriendo fortaleza y autonomía. Incluso el General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, principal responsable en la cadena de mando de las violaciones a los DDHH durante el Estallido social, ha sido respaldado por el Gobierno.

 Igualmente, el hito de la instalación de una estatua del ex presidente Patricio Aylwin en la Plaza de la Constitución, no es sino una expresión de la relegitimación por parte del Gobierno y los partidos de gobierno a la herencia de la Concertación.

El chilenismo “Otra cosa es con guitarra” suele dar pie a los arrepentimientos, retractaciones y disculpas por haberse sumado a la consigna “no son 30 pesos, son 30 años”. Este cambio de valoración histórica y política de lo que fueron los gobiernos de la Concertación no se ha quedado sólo en palabras, sino que, tras el ingreso del Partido Socialista al Gobierno, y después de evaluar que una de las razones de la derrota en las Elecciones de Consejeros Constitucionales es haber ido en listas separadas con la DC, el PPD y el PR, se está allanando el camino para una alianza mayor, donde la ex presidenta Bachelet tendrá un rol protagónico.

Ya el oficialismo ha dado declaraciones de que continuará con el “proceso constituyente” y que defenderá el “Acuerdo por Chile” y sus 12 bordes, como lo más preciado; por lo que va a exaltar al Comité de Expertos como ejemplo de diálogo y moderación, ante el peligro del Partido Republicano. Por lo mismo, pondrá cuesta arriba el intento de que la enorme cantidad de votos nulos, blancos y abstenciones (el 35% del padrón electoral) de la pasada elección se traduzca en un Rechazo a la restauración o aggiornamento de la carta magna neoliberal.

 Otros tres elementos son, por un lado, el rechazo a la Reforma Tributaria por parte de la derecha, que dejó al Programa de Gobierno (que ya había sido modificado por la aprobación del TPP-11) sin financiamiento, y que la reciente aprobación del Royalty minero no reemplaza. Lo que permitirá el Royalty minero es prolongar la lógica concertacionista de las políticas públicas focalizadas.

 Por otro lado, la aprobación del proyecto de reducción de la jornada laboral a 40 horas, que por mucho que las líderes comunistas Vallejo y Cariola expongan como un triunfo para la clase trabajadora, no hace sino profundizar la flexibilidad laboral y el margen de maniobra del empresariado. Por lo demás, debido a la gradualidad de entrada en vigencia del proyecto (44 horas al primer año, 42 al tercer año y 40 al quinto), dará tiempo suficiente al empresariado a recurrir y consolidar la desregulación del mercado de trabajo.

 Y, por último, el aumento del salario mínimo no modifica la estructura de desigualdades en Chile. Recordemos que el tramo de ingresos en el año 2021 fue de $300.000 a $400.000 para el 18,6% de la población ocupada; de $400.000 a $500.000 para el 15.4%; de $500.000 a $600.000 para el 9,8% y más %600.000 e igual a $1.000.000, el 16.9% (https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/encuesta-suplementaria-de-ingresos/publicaciones-y-anuarios/s%C3%ADntesis-de-resultados/2021/s%C3%ADntesis-nacional-esi-2021.pdf). Lo que da un total de 60,7% de la población... Ante las alzas de los precios de arriendo, alimentación, gasolina, materiales para construcción o reparación de viviendas, tasas de interés, salud, luz y agua, entre otros, ese porcentaje de población no verá una variación significativa en su salario. Por el contrario, quienes ganan más de $400.000 pero menos o igual a $1.000.000, verán reducida su capacidad económica.

 Ahora bien; ¿por qué hemos dicho que no sólo se ha cerrado el ciclo político 2011-2019, sino también que se ha clausurado la posibilidad de cambio social por las próximas dos décadas?

 En primer lugar, porque todas estas decisiones gubernamentales, en materia internacional, económica, geopolítica, socioambiental, de relegitimación y fortalecimiento de los aparatos represivo del Estado, relegitimación y alianza con la ex Concertación, compromiso con el “Acuerdo por Chile” y el aggiornamento de la carta magna, la flexibilización laboral y la mantención de la estructura de desiguales, van en contra de la clase trabajadora, de las organizaciones territoriales, de las organizaciones estudiantiles y mapuche, de la protesta social y de toda forma de soberanía, regional, nacional y local.  

 En segundo lugar, porque el Frente Amplio y el Partido Comunista representan y orientan el actuar de un porcentaje sustantivo de la misma clase trabajadora. Si la ex Concertación o ex Nueva Mayoría desplegaron un nivel de cooptación enorme en sindicatos, dirigencias sociales, dirigencias estudiantiles, con el Frente Amplio y el Partido Comunista, los sectores transformadores de la sociedad quedan reducidos, nuevamente, a la testimonialidad y al sacrificio, así como al retorno de las fragmentaciones y disputas internas de la izquierda... Quienes quieran seguir disputando la institucionalidad desde, digamos, los municipios, tendrán que establecer alianzas (aunque sean electorales) con el FA o el PC; quienes quieran, por ejemplo, continuar por la vía de la autonomía indígena, tendrán que estar dispuestos a sacrificios sin resarcimiento; y quienes quieran continuar con una política anticapitalista, han de estar dispuestos a emprender una lucha que carece de perspectiva.     

 En tercer y último lugar, el hecho de que esta generación de líderes, tanto del FA como del PC, tales como Boric, Jackson, Mirosevic, Vallejo y Cariola, pero también congresistas, alcaldes, concejales y los cientos o miles de funcionarios de ministerios, subsecretarías, partidos políticos u otras instituciones estatales, determinarán aspectos estructurales, procesuales, identitarios y subjetivos de la política chilena al menos las próximas dos décadas. Esta nueva generación, que pasó de las protestas estudiantiles de 2011 a la política de los acuerdos cupulares del actual periodo, siendo de este modo “transferido a una nueva situación vital”, no podrá librarse ya, aunque varíen en ciertos aspectos, “de sus modos de comportarse y de pensar” (Mannheim, El problema de las generaciones)… A lo que se agrega la enorme acumulación de recursos y de capital, económico y social, especialmente, que hoy los instaura como políticos profesionales o, parafraseando a Sócrates en el Gorgias de Platón: potentados hombres de Estado revestidos de poder.