DEL ORDEN Y LA SEGURIDAD

 

Se han esgrimido un sin número de razones por las cuales relegitimar y refinanciar a las Fuerzas del Orden y la Seguridad Pública, así como a las Fuerzas Armadas. El terrorismo es una de esas razones, indicando a organizaciones mapuche como responsables del clima de terror; bandas de narcotraficantes, nacionales y extranjeras; la migración masiva e irregular y sus consecuencias, como el desorden público o el comercio ilegal; el aumento de robos, tomas ilegales e incluso la novedosa presencia de sicarios. Asimismo, las oleadas de incendios y catástrofes como terremotos, han servido para poner en primera línea la necesidad de la policía, la PDI, el Ejército y la Armada. La extensión sistemática de los Estados de Excepción son expresión de esta revalorización y vía de sentido único hacia la relegitimación del aparato represivo del Estado.

 Los medios de comunicación, el gobierno, la oposición, el parlamento, han dejado en claro que ningún ciudadano podría poner en entredicho los buenos y necesarios servicios que prestan estas instituciones. Acaso pueda ponerse en cuestión si las organizaciones mapuche señaladas como terroristas son tal (aunque los poderes del Estado actúan como una sola voz al respecto) o si se trata de grupos infiltrados; o que los incendios son intencionados por cuestiones terroristas o psiquiátricas. Pero, ¿quién podría negar el aumento de la violencia, del narcotráfico, de sicarios, del comercio ilegal, etc.? ¿Quién podría negar el aumento de la inseguridad en Chile?

 Gobierno, alcaldes comunistas, alcaldes derechistas, periodistas, se han puesto a trabajar codo a codo con las Fuerzas del Orden y las Fuerzas Armadas. Esto equivale a constatar otro estrepitoso fracaso en el proceso político chileno desde 2019 a la fecha: el fracaso de la posibilidad de reformar estas instituciones, tras años de corrupción, fraudes, desviación de fondos públicos, asociación ilícita, sentencias, violaciones de derechos humanos.

Los casos denominados Pacogate (2006-2017), consistente en malversación de caudales públicos, realizado por miembros de Carabineros, y Milicogate (2011-2014), de fraude y desviación de fondos públicos de la Ley Reservada del Cobre perpetrado por miembros del Ejército, habían generado una enorme deslegitimación pública. El hecho de que no hubiese existido una reforma significativa de estas instituciones tras el fin de la Dictadura Militar también contribuía a ponerlas en entredicho. A lo que se sumaban una serie de certezas respecto a la ineficiencia ante el problema de la delincuencia y el narcotráfico, así como un actuar desmedido e irregular desde que en 2011 iniciaron en el país una serie de movilizaciones sociales, estudiantiles, socioambientales, indígenas, feministas, etc. Incluso en 2018, Juan Emilio Cheyre, quien fuera designado como Comandante en Jefe del Ejército en base a sus supuestos antecedentes democráticos, y apoyado con jactancia por Ricardo Lagos, fue condenado a 3 años y 1 día de libertad vigilada por el encubrimiento de 15 homicidios calificados en el denominado caso Caravana de la Muerte. El actuar de las Fuerzas del Orden y las Fuerzas Armadas durante el Estallido Social de 2019, violando derechos humanos, generando pérdidas de ojos y vidas, y comprometidas en daños “colaterales” provocados por agentes infiltrados, venía a coronar un proceso de decadencia y deslegitimidad.

 Por todo esto el actual Gobierno podía, en su campaña electoral, plantear legítimamente no sólo la reforma a las instituciones en cuestión, sino su abierta disolución y refundación. Pero se pasó en menos de un año de hablar de disolución y refundación, a reformar y, luego, a “fortalecer”.  

 Es cierto que tras la derrota del Apruebo para una Nueva Constitución, el equilibrio de fuerzas en la política chilena cambió sustantivamente, pasando de un proyecto antineoliberal a otro de equilibrios y contrapesos entre el Estado, el mercado y la sociedad civil. Por ejemplo, el gobierno plantea ahora un mayor control civil sobre el financimiento y ejecución presupuestaria de las Fuerzas Armadas; y pare de contar.

 Pero justificar un giro político no significa dejar de constatar un fracaso. Es cierto que, en política, sólo con la razón y la verdad, no se llega muy lejos, y, por lo tanto, es más óptimo justificar cambios que constatar derrotas. Sin embargo, una cosa es asumir una derrota y tener que modificar la táctica y otra muy diferente abandonar la estrategia. Y peor aún, asumir la táctica forzosa como la nueva estrategia.

 Ahora bien; lo dramático no es el giro del gobierno. Sino el hecho de que no existan fuerzas políticas ni sociales con la presencia y el poder necesario para forjar una alternativa o, al menos, manifestar una crítica.

 Por todo esto, es muy difícil dejar de constatar un fenómeno tremendamente ambiguo que está a la base de esta vía de dirección única: el narcotráfico, la delincuencia, los sicarios, el terrorismo, el comercio ilegal, llegaron en el momento preciso cuando las Fuerzas del Orden y las Fuerzas Armadas estaban siendo sometidas a unos de los mayores escrutinios públicos de su historia. O, en otras palabras: la seguridad nacional se ha visto fortalecida gracias a la inseguridad social.

 Este proceso, claro está, no es local solamente, ni siquiera regional, sino que es parte de un devenir autoritario a nivel planetario; devenir que, a su vez, corresponde a la deslegitimización del modelo neoliberal, así como de la crisis hegemónica de Estados Unidos. Sin embargo, los imperios en decadencia, antes de desfallecer, como esos pacientes gravemente enfermos que mejoran justo antes de morir, recurren a la coerción, el totalitarismo y la barbarización de sus tropas. Esta especie de ensombrecimiento terminal puede durar décadas.